Cuando un futuro estudiante aplica a la Universidad de Massachusetts, le preguntan si alguna vez ha sido condenado por un delito menor o un delito grave. Para muchos estudiantes, el proceso de aplicación acaba allí. Al colocar una x al lado del “Sí”, una señal aparece inmediatamente para las personas que revisan la aplicación. El futuro estudiante lo sabe y en muchos casos, ni siquiera aplicará a la universidad.

El encarcelamiento masivo es un problema sistémico en Estados Unidos que afecta desproporcionadamente a las personas de color, a aquellos que viven por debajo de la línea de pobreza y/o con alguna enfermedad mental. Con casi dos millones, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de personas encarceladas en el mundo. Aunque solo el 12,4% de la población es afroamericana, los estadounidenses de color conforman más del 34% de la población encarcelada. El encarcelamiento masivo es otra barrera para los grupos minoritarios cuando se trata de tener acceso a la educación.

En 2016, el presidente Barack Obama pidió a las universidades que eliminasen la pregunta sobre el historial delictivo, declarando que tiene un “efecto escalofriante” para los potenciales estudiantes. Más adelante en ese año, John B. Kind Jr., que sirvió como Secretario de Educación en ese tiempo, publicó una carta a las universidades sobre su nueva guía “Más Allá de la Casilla”. Esta guía incitaba a las universidades a quitar o atrasar el preguntar a los aplicantes sobre sus registros criminales hasta después de publicar las decisiones de admisión. Esto prevendría que los posibles alumnos se sintieran desalentados al aplicar a universidades para las que sí están capacitados.

Según la profesora de historia en UMass, Jennifer Nye, en 2016, un grupo de profesores de UMass se reunió para poner fin a esta pregunta. El movimiento se llamó Unbox UMass, que trabajaba de acuerdo con la campaña nacional Ban the Box, que hace referencia a la casilla que los posibles estudiantes deben marcar cuando indican antecedentes penales. Desde entonces, muchas universidades se han desecho de la pregunta por completo, incluyendo todas las universidades en el sistema SUNY, NYU y todas las universidades de University of California.

Bajo el sistema MassTransfer, a los estudiantes que cumplen ciertos pre-requisitos en una community college se les garantiza admisión a UMass o a otras universidades estatales en Massachusetts. Sin embargo, las universidades aún pueden negarles la admisión a estos estudiantes en base a sus antecedentes penales.  Esto es especialmente preocupante, ya que muchos que van por el camino de MassTransfer son estudiantes de color o estudiantes que viven en la pobreza: ambos grupos son más propensos a ser encarcelados. Estos estudiantes no tienen forma de saber si las universidades los van a admitir hasta que hayan completado su título de asociado y su aplicación. Esto significa que los estudiantes están colocando su fe en un sistema que eventualmente les dará la espalda.

Hablé con un estudiante de maestría de UMass que tuvo esta experiencia. Israel Rivera decidió ir por el camino de MassTransfer y completar sus prerrequisitos en una community college antes de entrar a UMass. Israel contó: “Cuando te gradúas de una universidad comunitaria, se supone que estás admitido en una institución estatal. Tenía un promedio de 3,8 o algo así, así que automáticamente pensé que iba a entrar.” Lastimosamente, Rivera no sabía acerca que la letra pequeña decía que la universidad podía negar la admisión en base a sus antecedentes penales.

Cuando Rivera aplicó a UMass, se le negó la admisión debido a una condena previa por drogas. Con la ayuda de la profesora Jennifer Nye, él apeló la decisión de admisión y eventualmente se le permitió entrar a la universidad. Rivera completó su licenciatura y luego completó su maestría en política pública. Ahora trabaja de gerente de proyectos en Families First, un programa de educación familiar sin ánimo de lucro, y también recientemente fue electo miembro del ayuntamiento de Holyoke.

Es seguro decir que la decisión de UMass de no aceptar al señor Rivera fue prejuiciosa e injusta. Ahora un miembro respetado de la comunidad, Rivera dice que no hay manera de que él estuviera donde está ahora si la decisión sobre su admisión se hubiera mantenido. Rivera compartió conmigo que cuando los estudiantes con antecedentes penales entran a una nueva universidad, están obligados a enviar una carta de personalidad, lo que esencialmente es una forma de que el estudiante explique qué sucedió y qué aprendieron de su condena. Rivera cree firmemente que esta es otra barrera para entrar que afecta desproporcionadamente a las comunidades minoritarias, así como a los que viven por debajo de la línea de pobreza o con una enfermedad mental. Él cree que los estudiantes con antecedentes penales deberían tener la oportunidad de compartir su perspectiva, pero de una forma que los humanice, como una entrevista cara a cara en lugar de otro ensayo.

Después del movimiento nacional Ban the Box de 2016, UMass eventualmente modificó la pregunta sobre antecedentes penales. Ahora permite que los estudiantes compartan los detalles sobre su condena y les asegura que su respuesta no va a tener un efecto en la decisión sobre su admisión.

Cuando la universidad revisa las aplicaciones, primero decide si los estudiantes deberían ser admitidos en base a su aplicación. Luego se manda la aplicación a un comité que revisa el historial criminal del potencial estudiante y toma una decisión final sobre su admisión. A pesar de que es un paso en la dirección correcta, esto no es suficiente. No tenemos manera de saber cuántos futuros estudiantes ven esa pregunta y deciden que no vale la pena aplicar a UMass. La pregunta es una forma de decir que, si uno tiene antecedentes penales, no tienen que aplicar allí.

Los que proponen revisar antecedentes penales en las universidades creen que hacen que los campus sean más seguros. Sin embargo, estudios recientes revelaron que estos métodos tienen valores predictivos increíblemente bajos. La mayoría de los estudiantes que son arrestados en la universidad no tienen antecedentes penales. Más investigaciones demostraron que aumentar la educación reduce el crimen: esto significa que permitir que los estudiantes con antecedentes penales vayan a la universidad, puede hacer que sean menos propensos a cometer un crimen de nuevo, mejorando así la vida del estudiante y mejorando la sociedad.

La pregunta es una evidente violación de los derechos humanos que afecta los estudiantes, a esta universidad, y al país en general. La Mancomunidad de Massachusetts ya ha promulgado leyes que prohíben que los empleadores pregunten acerca del historial criminal, y las universidades no deberían ser diferentes. Es momento de eliminar esta anticuada pregunta del proceso de aplicación y que finalmente podamos pensar más allá de la casilla.

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