El primer ministro de India, Narendra Modi, suele tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, en 2018, decidió quitar 86 por ciento del papel moneda en India, además de poner en marcha, casi de la noche a la mañana, un impuesto complejo de bienes y servicios.
Sin embargo, el agosto pasado llegó hasta el colmo. En cuestión de unos días, el régimen de Modi debilitó la industria turística de Kashmir, detuvo a líderes políticos prominentes, cortó servicios de internet y teléfono, y se reportó que obstruyó el paso de periodistas internacionales a la región.
Poco después, el gobierno de Modi abrogó el Artículo 370 de la constitución de India, el cual concede a Kashmir los derechos de ser un estado semiautónomo. Ahora, la zona será dividida en dos territorios dirigidos directamente por Nueva Delhi, la capital de India.
Kashmir e India han compartido una historia larga y compleja. Mientras la cultura hegemónica de India se basa en el hinduismo, la región norteña y montañosa de Kashmir alberga una población musulmana con tradiciones y normas únicas. Por lo tanto, en 1954 cuando Jammu y Kashmir fueron integrados enteramente a la República de India, la asamblea local aclaró la necesidad de mantener ciertas libertades, a fin de que las identidades únicas de las regiones fueran preservadas. Los derechos ofrecidos a Kashmir por la asamblea local- incluso la autoridad de mantener su propia constitución y bandera, y de crear una legislación para proteger su territorio- provocaron la inclusión del Artículo 370 en la constitución de India.
No obstante, intervenciones del gobierno federal de India en los asuntos locales han socavado constantemente al alcance del artículo. Cuando India supuestamente interfirió en las elecciones locales de 1987, la acción desató un sentimiento fuerte en contra de India que desembocó en décadas de conflicto militar, además de un movimiento separatista.
La reacción del gobierno de India ha sido rápida y severa. Llegó a Kashmir con un ejército de más de 600,000, el cual fue acusado por el Human Rights Watch y otras organizaciones de abusos a derechos humanos, incluyendo asesinato, violación, y desaparición forzosa. El precio del conflicto es asombroso; más de 47,000 personas han fallecido a causa de la violencia.
Modi y su partido nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP) llevan mucho tiempo con la meta de integrar a la minoría musulmana de Kashmir a la sociedad hinduista. Con la abrogación del Artículo 370, muchos temen que las leyes que protegen la tierra cachemira de posesión de no residentes sean revocadas en el futuro, un resultado que causaría cambios enormes con respecto a la demografía de la zona. Los que apoyan la decisión ya han anunciado su intención de asentarse en Kashmir, una acción que reduciría la población cachemira a una minoría en su patria.
Cada vez que la comunidad cachemira ha intentado comunicar su sufrimiento y aprensión, el gobierno los ha silenciado quitando servicios de internet y telefonía y dificultando el acceso de periodistas a la zona. Ambas acciones dejan que Modi siga con su plan sin mucho escrutinio doméstico o internacional.
Aunque el puesto del primer ministro y el parlamento están bajo el control del BJP, todavía existe una filial que ha mantenido su voluntad: la corte suprema. A pesar de la oposición de políticos, la corte ha legalizado la homosexualidad y ha expandido los derechos públicos a la información.
Sin embargo, en vez de actuar de una manera rápida, la corte ha retrasado una y otra vez la audiencia del caso del Artículo 370. La respuesta de la corte no debería haber tomado tanto tiempo ya que la abrogación del artículo es un acto claramente inconstitucional. Si el gobierno hubiera abrogado el artículo según el proceso legalmente correcto, habría requerido la aprobación de la asamblea del estado, pero la asamblea fue disuelta temporalmente mientras el gobierno actuaba.
El comportamiento reciente de la corte suprema es peligroso ya que parece que se está sometiendo a la voluntad de Modi. En una democracia normal y saludable, las cortes sirven como una barrera entre las presiones populistas, y las filiales ejecutivas y legislativas, tomando decisiones a veces impopulares, pero claves para el país. Si las cortes no proceden con independencia, será una amenaza fuerte para Kashmir y a la democracia de India en general, y establecerá un antecedente de autoritarismo.
Por eso, es fundamental que la corte suprema no tarde más en restablecer el Artículo 370 y asegurar que el estatus semiautónomo de Kashmir sea ejecutado. Particularmente, es esencial que las elecciones locales sean justas y legítimas. Así mismo, es necesario también que la corte derogue la represión del internet y del periodismo libre que ha impuesto Modi, ya que ambas acciones transgreden la libertad de prensa y expresión, los cuales son derechos fundamentales concedidos por la constitución de India. Es más, el tribunal supremo debe abrogar las leyes que otorgan inmunidad criminal a oficiales del ejército, además de instalar sistemas para procesar las acusaciones resultantes.
Así, la demografía única de la región sería preservada. La fortificación del Artículo 370 impediría que Modi y el gobierno central tomaran control total de Kashmir. Más bien, dejaría que los cachemiros disfrutaran de la voluntad política y económica necesaria para mejor su situación. Sobre todo, Kashmir también ganaría la confianza del gobierno federal de India por primera vez, un aspecto clave para su inclusión en la democracia supuestamente pluralista y secular del país.
Unas decisiones en la corte suprema no resolverán completamente la crisis de Kashmir, el asunto es mucho más complejo. Dicho esto, serán los primeros pasos decisivos que han tomado el gobierno, y eso en sí mismo es profundo.
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